Estatal Fiscalía actúa con dolo: empresario
Xalapa, Ver: El empresario Alejandro Cossío Hernández, declaró que es evidente que el secretario de Salud Irán Suárez Villa actuó por orden directa del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, / Imagen del Golfo
Alejandro Cossío aseguró que hay simulación de pruebas

Jesús Ruiz
Xalapa, Ver / 2018-08-10

Por conducirse “dolosamente y con falsedad” la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de abrir una carpeta de investigación en contra del titular de la Secretaría de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, así como del director administrativo de dicha dependencia, Miguel Ángel García Ramírez.

Así lo requirió la defensa del empresario Alejandro Cossío Hernández, señalando que su cliente fue citado arbitrariamente a comparecer ante el organismo después de que dichos funcionarios lo acusaron burdamente de “coyotaje”.

Al respecto, la abogada Itzel Jurado Ortiz evidenció que Suárez Villa y García Ramírez presentaron una denuncia en contra de su cliente citando un video de un medio de comunicación local.

En su argumentación los funcionarios manifestaron haber visto la videograbación del medio ‘Matices Políticos’ en la que supuestamente Cossío Hernández acusó a la Secretaría de Salud de requerir “dádivas” para cumplir con el pago de servicios prestados por la empresa NRA S.A. de C.V por la cantidad de 52 millones de pesos.

Para la abogada del empresario dichas declaraciones pueden ser constitutivas “de un ilícito penal”, al carecer de fundamentos y ser a todas luces dolosas, puesto que “no tienen sustento y no constituyen delito alguno”.

En ese sentido, alertó que la querella que presentó el secretario de Salud en contra de Cossío Hernández ni siquiera aclara la conducta que estaría tipificada como delito, al calificar al empresario únicamente como ‘coyote’, de ahí que la Fiscalía nunca debió citarlo a comparecer.


Acusaciones falaces

Por su parte, en entrevista exclusiva para Imagen del Golfo el empresario Cossío Hernández, declaró que es evidente que el secretario de Salud actuó por orden directa del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, lo que obliga a la Fiscalía, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, a iniciar una investigación.

Refirió que el pasado 16 de julio se presentó en las oficinas de Palacio de Gobierno junto con un grupo de empresarios para exigir el pago de pasivos a la empresa NRA S.A. de C.V, lo que derivó en un desalojo con uso de la fuerza pública desplegando a unos 200 elementos para retirarlos del inmueble.

Ironizó que el 17 de julio, un día después del desalojo, Suárez Villa presentó una denuncia solo en su contra, misma que calificó como apresurada debido a que quedó asentada en “apenas 10 líneas” en las que el secretario incluso negó conocerlo personalmente.

Criticó que por su parte el director administrativo de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel García Ramírez, lo señaló de realizar amenazas para mantener un contrato por el servicio de hemodiálisis y de difamar a la actual administración.

Igualmente el administrativo rechazó en su denuncia que Cossío Hernández se haya acreditado como representante legal de NRA S.A. de C.V, aunque el empresario sostiene estar acreditado legalmente como asesor.

De esta manera el empresario agregó que en la denuncia García Ramírez buscó deslindar al gobierno de Yunes Linares de los pagos pendientes con NRA S.A. de C.V, indicando que se encontró un adeudo de 49 millones de pesos pero de la administración de Javier Duarte.

No obstante, tuvieron que reconocer que dicha empresa sí otorgó servicios en el actual gobierno por 21 millones 62 mil 459.32 pesos por el periodo de primero de diciembre del 2016 al 15 de abril del 2017.

Así, tanto el empresario como su abogada deploraron que pese a los escasos elementos presentados por los funcionarios a la Fiscalía el organismo decidió iniciar una investigación, citándolo a comparecer apenas dos días después del desalojo, es decir el pasado 19 de julio.

Por lo anterior pidieron al fiscal segundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, Guillermo Altamirano Bencomo, archivar la carpeta de investigación en contra de Cossío Hernández, pero iniciar otra en contra del secretario de Salud y su director administrativo.

“La Fiscalía no cumplió con la obligación que le impone el Código Nacional de Procedimientos Penales, de recibir denuncias solamente sobre hechos que puedan constituir delitos, además del deber de iniciar una investigación penal solo cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la Ley señale como delito”, planteó la abogada del empresario.

Itzel Jurado Ortiz abundó que los denunciantes nunca exhibieron la supuesta videograbación en la que sustentaron su querella, quedando constancia de que actuaron dolosamente y con falsedad haciendo uso indebido de sus cargos.

Asimismo, presentó algunas documentales ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, tal es el caso de escrituras públicas e instrumentos públicos en los que se establece que Cossío Hernández funge como asesor de la empresa NRA S.A. de C.V mediante un convenio con la empresa IMHOTEP Asesores y Comercializadores, de la que es socio.

Prueba de lo anterior es que el empresario consiguió gestionar algunos pagos por parte de la actual administración estatal a esta empresa, de ahí que son falsas las afirmaciones del secretario de Salud quien dijo no conocerlo.

La abogada añadió que la Fiscalía también violó los derechos de Cossío Hernández, al negarles copias de la supuesta carpeta de investigación iniciada en su contra por la denuncia de Suárez Villa y García Ramírez, impidiendo con ello armar su legítima defensa.

Irán Suárez, cómplice de Yunes
Finalmente, el empresario opinó que el gobernador Yunes Linares está dejando constancia de su actuar represivo utilizando al secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, para concretar todo tipo de arbitrariedades en contra empresarios y actores políticos.

Además de su caso recordó que dicho funcionario también ordenó un operativo en contra del bar ‘Hunter’ en Xalapa apenas unas horas después de que la diputada local, Cinthya Lobato Calderón, renunció a la bancada del PAN.

Cabe señalar que dicho local es propiedad de la familia de la legisladora que llegó al cargo por Acción Nacional y fue clausurado después de que la Secretaría de Salud ordenó una supuesta revisión de la que se desprendieron diversas irregularidades captadas mediante las cámaras de seguridad, que dan constancia de que un civil que participó en el operativo habría sembrado marihuana en los baños para que posteriormente se cerrara el negocio.

Cossío Hernández aseveró que además de su actuar corrupto, Suárez Villa se ha prestado a todo lo que su jefe le pide, de ahí que debe de ser sancionado.
“En mi caso yo esperaba una declaración por escrito o una denuncia del área jurídica de la Secretaría de Salud pero ni siquiera había un documento, el secretario simplemente compareció dando un argumento que ni siquiera constituye un delito (…).

“Miguel Ángel Yunes le da la orden al secretario y este con tal de complacer la instrucción de su patrón ahí va corriendo aunque declare tonterías, me parece que pasó lo mismo con el tema de Cinthya Lobato en donde para reprimirla cerraron el bar de sus familiares”, consideró.

Edición Impresa
Estatal 2018-10-14

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