Estatal Utilizaron una ‘Fuerza Especial’
Xalapa, Ver: De acuerdo con la Fiscalía General los exfuncionarios desarrollaron una política oficial y una ilegal para perpetrar las desapariciones. / Agencias
La Fiscalía de Veracruz acusa por el delito de desaparición forzada al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, al exdirector de la Fuerza Civil, Roberto González Meza y al exdirector general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sá

Jesús Ruiz
Xalapa, Ver / 2018-02-10

Bibiana Hernández Moguel, Cecilia de la Cruz Luján, Héctor Jesús Hoyos Barradas, José de Jesús Martínez del Ángel, Alberto Huerta Acosta, José Ulises Martínez Fernández, Jorge Leal Amaro, Liberio Hoyos Castañeda, Uriel Hernández Vega y Antonio Morales Marín.

Así como Héctor Campos Cornelio, Carlos Alberto Ruiz Barbadillo, Humberto Ruiz Arcos, José Cruz Peralta Nava, Andrés Aguilar Marín y Jaqueline Espejo Moctezuma, son las víctimas de desaparición forzada y tortura cometida en 2013 por altos mandos, ex elementos y policías de la SSP que busca comprobar la Fiscalía General.

En estos probables delitos de lesa humanidad participaron 31 exfuncionarios, sin embargo, hasta el momento la Fiscalía sólo ha podido cumplir órdenes de aprehensión en contra de 19 investigados.

Con 15 casos, la Fiscalía de Veracruz acusa por el delito de desaparición forzada al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, al exdirector de la Fuerza Civil, Roberto González Meza y al exdirector general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado.

De acuerdo con la Fiscalía General dichos exfuncionarios desarrollaron una política oficial y una ilegal para perpetrar desapariciones forzadas mediante una ‘Fuerza Especial’.

A su vez, fueron imputados José López Cervantes, comandante ‘Black’, encargado de la denominada Fuerza Especial, Roberto González Meza, Benigno Neftalí Rivera, Cirilo Hernández Ceballos, José Óscar Rodríguez Franco, Miguel Jiménez López, Silvano Martínez Rivera, Nicanor Ixmatlahua Xotlanihua, Óscar Paul Mendoza.

Asimismo, Francisco Martínez Santiago, Crescenciano Domínguez, Daniel García Gutiérrez, Carlos Baxin Ortiz, Evaristo Sánchez Alarcón, Darío Arroyo Elizondo, Domingo Santiago Santiago y Francisco Méndez Flores. No se han podido cumplimentar órdenes de aprehensión contra 12 exfuncionarios, entre estos José Nabor Nava Holguín, quien se desempeñó como subsecretario de la SSP y como titular de la dependencia relevando a Bermúdez Zurita cuando este exfuncionario en el gobierno de Javier Duarte comenzó a ser investigado por enriquecimiento ilícito.
Asimismo, Manuel Alejandro Trujillo Rivera; el exdirector de operaciones, José Manuel Martínez Sánchez, Manuel Alejandro Trujillo Rivera, Roberto Carlos López Flores, Claudio Álvarez Ramos, Luciano Esquivel Martínez, Martín Castillo Hernández.

Finalmente, Iván de Jesús Antonio Cruz, Norberto Sánchez Benítez, Alberto Campa Domínguez, William López de los Santos y Cristopher Pérez Reyes.

Durante la audiencia inicial de imputación a proceso la Fiscalía General expuso que en 2013 bastaba con ser sospechoso para ser detenido y desaparecido, según la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017.

Asimismo, en la causa penal 22/2018 quedó registrado que una Fuerza de Acción de la Policía Estatal detenía a jóvenes ‘sospechosos’ en rondines en la región de Xalapa.

Les hallaban mensajes ‘comprometedores’ en sus teléfonos, los interrogaban, y a veces, los golpeaban o torturaban, luego los entregaban a la llamada ‘Fuerza Especial’, pero sin que exista ningún registro público oficial de esto.
Pese a lo anterior, entre los policías y los altos mandos de la dependencia sí circulaban tarjetas informativas en las que se detallaba lo que ocurría una vez que los jóvenes eran detenidos.

Las tarjetas, señala la Fiscalía en su investigación, “no tenían como finalidad registrar de manera formal y lícita las detenciones, sino informar a la estructura de mando que participaba en la implementación de la política ilegal de combate a la delincuencia, sobre el cumplimiento de las instrucciones superiores”.

De esta forma, no había informe legal de las detenciones, la cuales eran ocultadas al Ministerio Público y al Poder Judicial de Veracruz.


Edición Impresa
Estatal 2018-02-18

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