Por Vicente Bello
Columna: Tren Parlamentario
La trata de personas y la justicia en México
2013-01-19 | 21:59:46
La trata de personas en México ha sido un tema recurrente en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, y ha estado el Congreso de la Unión desde 2004 haciendo y mejorando leyes que combaten a ese delito que todo el mundo ha dado en llamar la esclavitud del siglo XXI.
No hace mucho, en 2012, la ley que combate a la trata de personas fue aguzada por los legisladores de la LXI Legislatura, es decir le sacaron punta, y las sanciones a las que a partir de entonces esa ley somete a los individuos que delinquen bajo esa figura infernal de la trata de personas, han sido incrementadas.
Una pregunta, sin embargo, mortifica a mucha gente cada que se sabe de la desaparición o el rescate de alguna persona que va o viene de las oscuridades de este delito: ¿Por qué habiendo ya tanto poder sancionador del Estado mexicano, este delito crece en vez de disminuir?
Los periódicos y medios electrónicos de todo el país no han dejado de denunciar desapariciones de personas, la mayoría de los sectores más vulnerables, como son las mujeres y los niños y las niñas. Y suele publicarse que las entidades que son tristemente líderes en la práctica de estos delitos son Quintana Roo, Tlaxcala, Baja California, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas, estado de México, Chiapas, Chihuahua, Veracruz, y así, hasta completar 24 de las 32 entidades del país, contando entre éstas por supuesto a la ciudad de México.
La trata de personas ha dado, de modo muy infeliz, una suerte de valor agregado a determinados centros turísticos de México, como Cancún, Huatulco, Acapulco, Puerto Vallarta y el Puerto de Veracruz, así como ciudades de tránsito fronterizo como Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo, y Ciudad Hidalgo y Tapachula, en el estado de Chiapas. Suelen ser sitios adonde la visitación extranjera no tiene más motivo que el de la prostitución, tan de la mano con la trata de personas.
La prostitución de menores es un caldo de cultivo cotidiano, cuya condición endémica no la quita todavía esa gran batería de leyes que recientemente ha construido el Congreso y de la cual se han congratulado todos los legisladores.
Que más de 70 mil menores de edad, niños y niñas, viven fuera de sus hogares en México, han publicado reiteradamente los medios de información teniendo como fuente de información al gobierno federal, la Organización Internacional del Trabajo y a la ONU. ¿Y a dónde están?
Muchos, en la calle, en la prostitución, sometidos por bandas de la delincuencia organizada dedicada a la trata de personas, el delito que más produce dinero después del narcotráfico, según la ONU. Y la trata, con su vertiente ominosa, lo mismo va a surtir al comercio sexual que al de la servidumbre forzada.
Es una cifra tan inmensa como cruel, que retrata además a un Estado incapaz de cumplir con esa elemental y más básica función para la que fue ideado: darle protección a los suyos.
Gobiernos van, gobiernos vienen, pero la trata no cede. Y sí, dirán los diputados y senadores, allí están las leyes y sólo hay que aplicarlas. Pero ese es el problema de México, ni más ni menos: la aplicación de las leyes, que no ha ocurrido con la efectividad que necesita la población cuando se trata de combatir este tipo de delitos.
Un debate siempre encendido en los territorios del Congreso ha sido el de la fortaleza de las instituciones fundamentales del país. Desde hace muchos años, va ganando terreno el argumento de que las instituciones están tan debilitadas, tan carcomidas por la corrupción y la impunidad, que ya son incapaces de hacer que el Estado siga comprometido con la justicia, si es que alguna vez lo estuvo. Y que, por lo tanto, deberían ser cambiadas.
En el debate parlamentario en torno de la inaplicación de la ley, han aparecido perniciosamente la corrupción y la impunidad, a las que se les compara con dos tumores malignos que han ido minando la vida de las instituciones.
Si corrupción e impunidad no hubiera, o cuando menos que no estuviera tan metida en el tuétano de las instituciones, o mejor sea dicho: de los hombres que al frente están de éstas, sería muy probable que delitos como el de la trata de personas estuvieran siendo combatidos con mayor eficacia.
Verbigracia: los hombres y mujeres que integran los cuerpos policíacos irían a detener de inmediato a quienes saben que han cometido un delito. La gente denunciaría con mayor asiduidad porque tendría la certeza de que su denuncia no le regresaría como un bumerang, y los canallas que se dedican a esto lo pensarían muchas veces antes de robarse un niño, una niña o una mujer.
La ley que combate en México a la trata de personas hizo la siguiente definición de lo que es el delito de marras: “Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes”.
Y dos datos más: La Organización Internacional del Trabajo calcula que 2 millones y medio de personas en todo el mundo, cada año son sometidas a trabajos forzados, sea para comercializarlas sexualmente o para servidumbre. Y México es, después de Singapur, el país más infestado por tratantes de blancas, cuyas ganancias sólo son superadas por quienes se dedican al narcotráfico.
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