TSJE: candidatas impugnadas

Desde hace más de un mes, al magistrado Edel Álvarez Peña ya le había quedado totalmente claro que no tendría ninguna posibilidad de reelegirse como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Y es que a las primeras señales políticas que comenzaron a salir entre el 3 y el 26 de septiembre de Palacio de Gobierno y ejecutadas desde el Congreso Local por los operadores legislativos de Morena -primero con el polémico Acuerdo de la Diputación Permanente que como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional resolvió separar temporalmente al yunista Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía General del Estado, y luego también con el veto a Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, quien pretendía reelegirse como auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), el cual fue reemplazado sorpresivamente por Delia González Cobos, exprocuradora Fiscal de la Sefiplan-, después, de manera inesperada, a principios de noviembre anunció su renuncia como presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura el diputado José Manuel Pozos Castro, un expriista que con sus buenos oficios políticos había contribuido al acercamiento de Álvarez Peña con el gobernador Cuitláhuac García luego de los desencuentros y desaires del mandatario morenista hacia el titular del Poder Judicial del Estado al inicio de este nuevo régimen.

Pero el mensaje más contundente lo recibió el exalcalde de Coatzacoalcos el 30 de octubre en la reunión privada que los 13 nuevos magistrados sostuvieron con el gobernador García Jiménez, después de la cual trascendió que la sucesora de Álvarez Peña podría ser una de las flamantes magistradas cercanas al cuitlahuismo: Inés Romero de la Cruz, exprocuradora de la Defensa del Trabajo; Bertha Inés Chávez Méndez, madre del secretario particular del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, y Sofía Martínez Huerta, que es la que más se menciona últimamente.

Y es que además de que tiene cerca de 30 años trabajando en el Tribunal Superior de Justicia y de que proviene de la cultura del esfuerzo -pues fue secretaria de Juzgado, juez municipal de Primera Instancia, y en los últimos tres sexenios se desempeñó como secretaria de la Sala Civil del TSJE-, Martínez Huerta está identificada con la vieja escuela del Poder Judicial de la que formaban parte los 15 magistrados y magistradas que fueron obligados a jubilarse en la administración de Álvarez Peña por el Decreto 606 que oficializó modificaciones constitucionales para que con sus derechos garantizados pasaran a retiro a partir de enero de 2018, entre ellos Dionisio F. Gutiérrez García, con quien ella trabajó varios años, y el cual mantiene aparentemente buena relación con Edel, ya que su hijo Dionisio Gutiérrez Lira labora como subdirector de Tecnologías en el PJE.

Sin embargo, algunos juristas opinan que la hipotética designación de Martínez Huerta o de cualquier otro de los 12 nuevos magistrados no estaría legalmente firme, por los juicios de amparo interpuestos en contra de sus nombramientos.