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Política migratoria mexicana, bajo escrutinio internacional

Ciudad de México | 2019-09-23 | Staff Imagen del Golfo
Política migratoria mexicana, bajo escrutinio internacional
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La migración siempre ha sido un tema familiar para México. Nuestra localización geográfica tan cercana a Estados Unidos nos permitió normalizar los flujos migratorios propios y externos que cruzaban el país en busca de llegar a la frontera norte; nuestro imaginario colectivo asoció la palabra “migrante” con la gente que se va, pero nunca con la que llega para quedarse. Sin embargo, las tendencias migratorias, al igual que el mundo, evolucionan con el tiempo, son cambiantes y dependen de muchas variables de índole política, económica, social.

 

Las caravanas o éxodos migrantes, las presiones que llegan desde el norte y la reorientación de flujos migratorios provenientes de Centroamérica, pero también desde otras regiones extracontinentales, son sólo algunos de los escenarios a los que se ha enfrentado el gobierno federal en los últimos meses de manera más que deficiente. Sus erráticas y desatinadas respuestas son una demostración de todo lo que representa una mala gestión migratoria, siendo las personas quienes mayormente resienten este fracaso, al convertirse en una masa creciente de víctimas de violaciones a derechos humanos. Y, a pesar de que el Estado mexicano sostiene en el discurso que se han respetado cabalmente los derechos de las y los extranjeros en México (y quiere convencernos de ello con base en la absurda repetición de datos visiblemente apartados de la realidad), llegó el día de rendir cuentas en el plano internacional.

 

Del 23 de septiembre al 2 de octubre del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo su 173 Periodo de Sesiones, dentro del cual examinará el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte de México en los temas de asilo y migración.

 

Una audiencia de este tipo consiste en la presentación que hacen organizaciones defensoras de derechos humanos frente a las Comisionadas y Comisionados de la CIDH sobre las principales preocupaciones detectadas respecto de un tema en particular, en este caso, migración y asilo en México. Seguidamente, funcionarios del gobierno responden y ofrecen explicaciones a las manifestaciones hechas por su “contraparte”, para finalmente proceder a responder cuestionamientos directos por parte los integrantes de la Comisión y acordar o comprometerse a llevar a cabo acciones solicitadas por los defensores o por la misma CIDH.

 

Es importante señalar que el hecho de que sean funcionarios del Ejecutivo Federal los que comparezcan ante la CIDH no significa que el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo se encuentren exentos de obligaciones internacionales en materia de respeto y protección a los derechos humanos de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y apátridas. Así, de manera genérica, las y los legisladores deberán abstenerse de aprobar normas que sean contrarias a los tratados internacionales firmados por México, así como evitar que su labor menoscabe los derechos de las personas en situación de movilidad; por su parte, todas las juezas y jueces mexicanos están obligados a utilizar tanto la normativa nacional, como la internacional en el análisis y resolución de los casos relacionados con temas migratorios o de asilo, además de garantizar a este grupo un verdadero acceso a la justicia, que permita revertir las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, por parte de otras autoridades.

 

¿Por qué son importantes este tipo de ejercicios ante órganos internacionales? Primero que nada, porque permiten visibilizar y abordar una problemática dentro de un espacio neutro y seguro, donde las voces de las y los defensores son escuchadas y la postura del gobierno no puede ser considerada la verdad absoluta. En segundo lugar, porque la CIDH tiene facultades para emitir recomendaciones y solicitar al Estado la adopción de medidas concretas para la protección de los derechos humanos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas.

 

 

 

 

 

 

 

La CMDPDH participará en la audiencia sobre asilo y migración que tendrá lugar en Washington D.C el próximo 27 de septiembre, exponiendo todas las irregularidades detectadas desde nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos de solicitantes de asilo y refugiados, y pugnaremos por que el Estado mexicano acepte la visita de la CIDH a nuestro país.

 

La dignidad no tiene nacionalidad, ninguna persona es ilegal, y ya es tiempo de que el gobierno mexicano responda por su política migratoria militarizada, punitiva y violatoria de derechos humanos.

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